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用戶:NACHOgao3/安全部

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歷史

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設立

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阿根廷共和國的安全是由國家與省（包括布宜諾斯艾利斯）政府共同管理。從歷史上，內部安全是內政部的責任。在克里斯蒂娜·費爾南德斯·德基什內爾總統任期間，內部安全事務交由司法、安全和人權部（西班牙語：Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Argentina)）。

2010年12月10日，通過第1993/2010號法令，從司法和人權部中分離出安全部。[1][2]

尼爾達·加雷時期

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首任部長為尼爾達·加雷（英語：Nilda Garré），他曾在2005年12月擔任過國防部長。

城市安全

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Durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, se crearon las mesas barriales y mesas zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntan a crear una instancia en la que los vecinos contribuyan a la elaboración de un mapa del delito, formulando necesidades que agregan medidas y contribuyen el desempeño de la Policía Federal Argentina, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria. El objetivo, según precisó la propia ministra Garré, es darle institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en la seguridad.[3][4][5]

También se implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura, que tiene por objetivo lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña. El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia (el Plan prevé la instalación de un total de 2000 cámaras). Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911.[6][7][8]

En el marco del proyecto, diseñado por el Ministerio de Seguridad, la ministra puso en marcha centros de monitoreo con cámaras de alta definición, ubicados en la comisaría 52 de Villa Lugano, en la comisaría 16 del barrio de Constitución, en la comisaría 20 de Balvanera y en el Departamento de Policía Federal Argentina. Con estos avances, pasaron a monitorearse imágenes de cámaras distribuidas en los barrios de Balvanera y Once, Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda, Versalles y Villa Real. Desde estos centros se visualizan también 24 cámaras instaladas en la Terminal de Ómnibus de Liniers. «Hoy en día combatir el delito es una tarea compleja. Por eso la tecnología nos permite ser mucho más eficientes en el control de la seguridad», señaló Nilda Garré en la ocasión de esta inauguración.[8][9][10][11][12][13][14]

憲兵和海岸警衛隊

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Durante este período se lanzó el programa de radarización de las fronteras. Se habilitó una serie de radares 3D, fabricado por la empresa estatal INVAP, destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimientos de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo.[15] También durante su gestión se desarrollaron cuatro coheteras que han sido desarrolladas íntegramente por Fabricaciones Militares y CITEDEF.[16] Los radares RASIT se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas por Gendarmería Nacional Argentina de Tránsitos Aéreos Irregulares. Los relevos de escuadrones aeromóviles se realizan aproximadamente cada 30 días[17] para la vigilancia del territorio y de lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.[18]

Además, gendarmería colaboró con la seguridad en el courbano bonaerense mediante los siguientes operativos:

  • Operativo Escudo Norte: lanzado en 2007 como parte del plan del Estado argentino para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte de Argentina.[19] Con el propósito de controlar los espacios aéreos, terrestres y fluviales de las provincias del norte argentino, las fuerzas de seguridad y armadas despliegan sus aviones, helicópteros y radares.[20] Para ello, se planificó la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en Santiago del Estero, del primer radar 3D cuya fabricación ha sido encargada por el Ministerio de Planificación.[21][22]
  • Operativo Cinturón Sur: tiene por objetivo optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la intervención y cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen funciones de policía y ejecutan las tareas de prevención e investigación de los delitos en los puntos de mayor incidencia en la geografía porteña.[23][24] Se sumarón 1250 efectivos de Prefectura Naval Argentina con 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros, a las zonas de La Boca, Barracas y Parque Patricios.[25]
  • Operativo Centinela: Se realiza mediante el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano. El decreto 2099/2010 instruye a las fuerzas de seguridad de la Nación a «profundizar las actividades de prevención para resguardar la seguridad ciudadana» con una inversión de 150 millones de pesos.[26][27]
  • Operativo Vigía: Impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Mediante este operativo, se agregan a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[28][29][30]

Para proteger los ríos internos se adquirieron nuevas embarcaciones para la Prefectura Naval Argentina, entre ellos el buque SB-15 Tango, un Cúter de salvamento y el DF-19 Recalada adquirido en 2011. Convertido en Buenos Aires en una estación de simulación de pilotaje.

A raíz de una revuelta de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional Argentina, iniciada en esas fuerzas por una mala liquidación de los sueldos de los militares de más bajo rango, la ministra Garré ordenó relevar las cúpulas de ambas fuerzas de seguridad, con el objetivo de descomprimir la tensión y de encauzar el conflicto. De este modo, Héctor Schenone (Gendarmería) y Oscar Arce (Prefectura) fueron reemplazados por el comandante general Enrique Alberto Zach y el prefecto general Luis Alberto Heiler.[31][32][33] Además de estos jerarcas, fueron pasados también a retiro diez altos oficiales de cada una de las fuerzas, quedó así «normalizada la situación» tanto en Gendarmería como en Prefectura, según aseguró la ministra Garré en un comunicado a la prensa.[34][35]

Para subsanar el error en la liquidación de los sueldos militares, se estableció un pago compensatorio por única vez para los prefectos que cobraran hasta $12.500 y la garantía a gendarmes de cobrar el mismo sueldo que el mes anterior.[36] Además, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina señaló que los rangos más altos de la Prefectura y Gendarmería tenían sus sueldos fijados por cautelares judiciales, mientras que los que menos ganan vieron reducidos sus sueldos en mano, cuando el decreto no preveía tal cosa. En su opinión, pudo haber existido una maniobra por parte de los altos oficiales (que tienen sus sueldos protegidos por cautelares) para mantener sus privilegios. Para evitar repetir errores de esta naturaleza, determinó que a partir de entonces la liquidación de sueldos debe quedar en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.[37]

聯邦警察

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Para descongestionar el trabajo de la Policía Federal Argentina en lo que se refiere a la seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires, creó también la Policía de Prevención Barrial, un cuerpo de élite entrenado desde fines de 2011 para intervenir en conflictos de proximidad, entre vecinos o intrafamiliares, en barriadas, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de «generar una nueva capacidad del sistema de seguridad democrático, para atender las necesidades particulares de poblaciones vulnerables».[38] Los agentes barriales patrullan en tríos —en particular durante la noche— y siguen una doctrina de conocer y entender a los vecinos, para que éstos recuperen el vínculo de confianza con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables.[39][40]

En 2011, la policía Federal se adquiriò el H11 LQ-BXI Airbus Eurocopter EC135, primer helicóptero de este modelo adquirido a Eurocopter en 2009 y H12 LQ-CQN Airbus Eurocopter EC135 T2+. El segundo EC135 fue adquirido en 2009. Un tercer helicóptero EC135 fue adquirido a fines de 2009 equipada con sistemas de visión nocturna, cámara giro-estabilizada y faro de búsqueda, sistemas de Piloto Automático "Full IFR - Single Pilot" que le permiten volar con un solo piloto sin ninguna visibilidad y aterrizar en forma automática con los sistemas ILS de los aeropuertos, de la misma forma que un avión de aerolínea. Además está dotado con grúa de rescate, bamby buckett para la lucha contra incendios y transporte externo de cargas. Posteriormente nuevas aeronaves adquiridas en 2014 con capacidad multifunción como los H15 LQ-FQH Airbus Eurocopter EC145.

En lo que respecta al bienestar general de los agentes, se iniciaron reformas en el Hospital Churruca Visca, que atiende a los efectivos de la Policía Federal Argentina y a sus familiares, además de asistir en carácter de emergencia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que resulten heridos en cumplimiento de sus funciones.[41] Estas reformas incluyen la adquisición de un tomógrafo computado de última generación, el reciclaje integral de 1700 metros cuadrados para espacios de internación, la ampliación en el edificio anexo de 650 metros cuadrados para oficinas administrativas, la reparación e impermeabilización de las cubiertas de los techos y la reparación integral de los ascensores y escaleras, además de la adquisición de equipos de trabajo como bisturí láser, aparatos de rehabilitación, grupos electrógenos, computadoras y ambulancias, entre otros.[42] Al respecto, Garré declaró que «Tuvimos que incorporar tomógrafos y aparatos que muchísimos hospitales tienen y nosotros teníamos que salir a pagar los estudios en otras instituciones. Por primera vez, la semana pasada empezamos a revisar a los efectivos en las propias comisarías. En una sola comisaría entregamos 70 anteojos».[43] Además de las reformas en el hospital Churruca Visca, se ha avanzado en el sentido de mejorar las condiciones de vida del personal policial de modo general, ofreciendo de esta forma un plan de acceso a la vivienda y desarrollando una política muy activa de derechos humanos el interior de las fuerzas de seguridad del Estado.[44]

阿根廷聯邦警校的變化

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En abril de 2011, mediante la Resolución 167/2011 del Ministerio de Seguridad, la ministra dispuso cambiar el nombre de los tres institutos de formación de oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina que llevaban nombres de notorios represores. El texto de la Resolución aclara que «en el caso de las instituciones formadoras de policías resulta pertinente que sus denominaciones se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida, las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos».[45] El texto de la Resolución aclara que «en el caso de las instituciones formadoras de policías resulta pertinente que sus denominaciones se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida, las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos».[46]Estos cambios habían sido anunciados por Garré en ocasión de la entrega de diplomas a los primeros egresados de la fuerza durante su gestión, cuando afirmó que «que para alcanzar, mantener y garantizar la seguridad interior es indispensable que los recursos humanos de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad actúen conforme a doctrinas, técnicas y prácticas profesionales comprometidas con la plena vigencia de los derechos humanos».[46]

De este modo, la Escuela Superior de Policía Cesáreo Ángel Cardozo pasó a llamarse Escuela Superior de Policía Comisario General Enrique Fentanes, la Escuela Federal de suboficiales y agentes Alberto Villar fue rebautizada como Enrique O'Gorman y la Escuela de Cadetes Ramón L. Falcón cambió su nombre a Comisario General Juan Ángel Pirker. En adición, el cambio en la denominación de dichas escuelas vino acompañado por modificaciones en los planes de estudio.[47]

Cesáreo Ángel Cardozo, Alberto Villar y Ramón L. Falcón fueron cuestionados por el lugar que tuvieron en la los 70 por parte del gobierno. Falcón se destacó a principios del siglo XX por la dureza con la que reprimió los alzamientos obreros como jefe de la entonces Policía de la Ciudad. Murió herido por la bomba que le arrojó el anarquista Simón Radowitzky. Cesáreo Cardozo asumió como jefe de la Policía Federal en marzo de 1976 —tras el golpe de Estado fruto de la violencia política— y se lo considera uno de los ideólogos de la represiónTemplate:Cita requerida. Murió por una bomba que una compañera del colegio de su hija, Ana María González, colocó bajo su cama matando también a su esposa Susana Beatriz Rivas Espora. Alberto Villar fue uno de los organizadores de la Triple A que asesinó a decenas de personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Murió por una bomba colocada en su embarcación en el Tigre.

Por su parte, O'Gorman fue quien ordenó que se dejaran de aplicar barras y cepos a los detenidos por considerarlos elementos de tortura, mientras era jefe de la Policía entre 1867 y 1874. Pirker contribuyó a integrar a la Federal en los como jefe de la entonces Policía de la Ciudad. Cesáreo Cardozo asumió como jefe de la Policía Federal en marzo de 1976 —tras el golpe de Estado— y se lo considera uno de los ideólogos de la represión, mientras que Alberto Villar fue uno de los organizadores de la Triple A que asesinó a decenas de personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Por su parte, O'Gorman fue quien ordenó que se dejaran de aplicar barras y cepos a los detenidos por considerarlos elementos de tortura, mientras era jefe de la Policía entre 1867 y 1874. Pirker contribuyó a integrar a la Federal en la sociedad tras el regreso de la democracia (fue jefe de la fuerza entre 1986 y 1989) y Fentanes contribuyó a sentar las bases para la creación, en 1943, de la Policía Federal.[48]

聯邦安全生物識別系統

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En el marco de un plan para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos de las fuerzas de seguridad del país, la ministra Garré inauguró el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que permite a los agentes contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación, mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas.[49][50] Dicho sistema permitirá asociar hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y la interoperabilidad de redes.[51] Con esta tecnología, será posible compulsar las huellas digitales obtenidas en las causas penales registradas en una base de datos ubicada en la sede del Ministerio de Seguridad. El primer escáner del SIBIOS fue instalado en la Provincia de Catamarca[52] y luego el sistema se fue generalizando entre otras provincias argentinas.[53][54]

瑪麗亞·塞西莉亞·羅德里格斯時期

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El 2 de diciembre de 2013 se anunció que reemplazaría a Arturo Puricelli como Ministra de Seguridad. Esto se dio en el marco de los cambios de gabinete efectuados por Cristina Fernández de Kirchner.[55]

Durante su gestión lanzó el Operativo Vigía, mediante el cual se agregaron a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional Argentina y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[56][57][58]

Finalizó su período como ministra en diciembre de 2015 siendo sucedida por Patricia Bullrich en la gestión de Mauricio Macri.

帕特里夏·布爾里奇（英語：Patricia Bullrich）時期

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En diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri designa como Ministra de Seguridad a la politóloga Patricia Bullrich.[59]

城市安全

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Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.[60]

Pocos días después de iniciado el nuevo período presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un 「protocolo de protesta social」. El protocolo permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística.[61][62] Los periodistas deberán ubicarse en "una zona determinada" por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.[63]La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior.[64] Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".[65] Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa "otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales".[66] [67] Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción.[68] Paralelamente se dio un repliegue de 1800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.[69] Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%.[70]

Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos"[71] y 「disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social」.[72] Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales».[73] Para la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización».[74] El diario El País de España lo consideró una de las medidas más polémicas del gobierno.[75]

A fines de 2018 impulsó un protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de fuerzas federales a usarlas ante un "peligro inminente".[76][77] Durante su paso por el ministerio se firmaron acuerdos con Estados Unidos, y la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní y un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia cercano a los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida. Además, se llevó a cabo la instalación de una base estadounidense militar de 「asistencia humanitaria」 en Neuquén, en las cercanías del yacimiento Vaca Muerta.[78] Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.[79]

En 2019 Correpi presentó un informe preliminar en el que sostiene que en 1110 días de gobierno de Cambiemos el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades, entre ellas gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desaparición forzada, represión a la protesta o conflictos sociales, etc.[80]

Represión a despedidos de Cresta Roja
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El día 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.[81][82] Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones fueron iniciadas por activistas políticos infiltrados en la manifestación.[83] Bullrich declaró a los medios que fue ella quien dio las órdenes a la Gendarmería para desalojar a los manifestantes y que se utilizó «el mínimo de la fuerza».[84][85] En un comunicado emitido ese mismo día por la cartera a su cargo se involucra al Partido Obrero (PO) como responsable de los incidentes, el comunicado además acusa: «Mientras se llevaban adelante las negociaciones, un grupo de militantes del Partido Obrero intentó ingresar al aeropuerto de Ezeiza, para tomar posesión del mismo. Allí, golpearon a un gendarme y desataron el conflicto.»[86] A raíz de esto el Comité Ejecutivo del PO anunció el mismo día que presentaría una denuncia penal contra Bullrich «por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.»[87]

En la mañana siguiente dirigentes y abogados de la agrupación política presentaron la querella contra la ministra en el juzgado a cargo de la Dra. María Romilda Servini. Dichos dirigentes políticos calificaron el accionar de Bullrich como similar a lo hecho por el ministro Aníbal Fernández, quien en 2008 había acusado a ese mismo partido por los incidentes ocurridos en una formación de tren.[88] Finalmente, en horas de la tarde el propio Ministerio emitió un segundo comunicado desdiciendo lo escrito en el anterior, entonces afirmaron que «en Seguridad nunca sostuvimos, ni involucramos al Partido Obrero como responsable de los hechos»; tras esta rectificación la querella no continuó.[89]

Represiones de diciembre de 2017
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Valla de las fuerzas de seguridad en el cruce de las calles Mitre y Callao (Buenos Aires) para evitar que los manifestantes se acerquen al Congreso Nacional durante el tratamiento de la reforma previsional.
El Palacio del Congreso de la Nación Argentina rodeado de fuerzas de seguridad.
Efectivos de la Policía Federal.
Manifestantes huyendo de las fuerzas de seguridad frente al Congreso.

En diciembre de 2017 se produjeron una serie represiones en el centro de la Capital Federal: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad.[90]

A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones a favor de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos (Victoria Donda, con heridas en un pie; Leonardo Grosso, víctima de mordidas por un perro de Gendarmería; y Juan Manuel Huss, quién sufrió una fisura en una costilla). Horacio Pietragalla fue agredido verbalmente.[91][92][93] El grupo de manifestantes y legisladores pretendía dar un «abrazo» pacífico al Palacio del Congreso. La Gendarmería buscó por su parte evitar un acampe de movimientos sociales en la plaza del Congreso.[94]

Esto fue orden de Patricia Bullrich. Queríamos hacer un abrazo simbólico. Quisimos hablar con el jefe del operativo y nos tiraron los perros encima y me pegaron patadas. Esto es responsabilidad del Ministerio de Seguridad.

——Victoria Donda

El 14 de diciembre de 2017, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir y votar la reforma previsional, los alrededores del Palacio del Congreso de la Nación Argentina amanecieron vallados y rodeados por 280 efectivos de la Policía Federal Argentina, 900 de Gendarmería Nacional Argentina, 78 de Policía de Seguridad Aeroportuaria y 110 de Prefectura Naval Argentina,[95] con el fin de impedir el paso de los manifestantes de partidos políticos opositores, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, entre otras. Horas antes de los inicios de la sesión, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir brutalmente a los manifestantes concentrados en la Plaza del Congreso y la Avenida Callao, utilizando balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Los periodistas que cubrián la movilización se vieron afectados.[96][97][98] Pablo Piovano, fotógrafo del diario Página 12, fue baleado por la policía. Declaró que «un policía me vio con mi cámara en mano y me disparó a medio metro», siendo herido en el pecho.[99] Durante el operativo de la gendarmería, una joven de 25 años de edad que salía de su trabajo fue detenida y manoseada.[100]

También fueron reprimidos por la gendarmería los diputados del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana en las puertas del Congreso, incluyendo ataques a Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Axel Kicillof, el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, la diputada Romina del Plá y Nicolás del Caño, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas. Los incidentes ocurrieron cuando los diputados opositores forcejearon con los gendarmes al intentar ingresar al Congreso a sesionar.[101][102] El diputado fueguino Matías Rodríguez recibió un golpe que lo dejó inconsciente y debió ser atendido por una ambulancia.[102] La diputada Mayra Mendoza fue rodeada por policías, de los cuales uno de ellos la atacó con gas lacrimógeno, teniendo que ser atendida.[103] El diputado neuquino Darío Martínez también fue atacado con gas lacrimógeno, debiendo ser asistido por bomberos.[104] El diputado Leopoldo Moreau, de origen radical, fue herido en la manos por los escudos de los gendarmes.[105] Gabriel Mariotto recibió un golpe que le provocó un corte debajo del ojo derecho.[106] Myriam Bregman fue golpeada y denunció que la dejaron «sin aire».[101]

Hay fuerzas de seguridad dentro del Congreso y hay diputados que no pueden pasar el cerco militar.

——Agustín Rossi[101]

Previo a la sesión, diputados del kirchnerismo, el Movimiento Evita y la izquierda llevaron a cabo una conferencia de prensa denunciando el «nivel de militarización nunca visto» en torno al Congreso Nacional.[107] También se denunció la presencia de gendarmes dentro del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados.[108] Elisa Carrió, de la alianza oficialista Cambiemos, declaró que «no se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar». «No hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno».[109] Héctor Daer, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo también denunció la «militarización» del Congreso Nacional.[110]

Horas después, más de una decena de los más representativos organismos de derechos humanos de Argentina emitieron un breve comunicado exigiendo el cese de la represión y la "inmediata" renuncia de Patricia Bullrich.[111] Luego de las críticas, en el más alto nivel gubernamental se tomó la decisión de desplazar a Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso del día lunes 18 de diciembre, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y a la Policía de la Ciudad.[112]

La jornada del 14 de diciembre finalizó con 30 heridos (nueve de ellos policías) y 22 detenidos, además de múltiples daños materiales en la vía pública.[113] Sumando a los días anteriores, el saldo total de detenidos llegó a las 48 personas.[114]

En los días posteriores, testigos y medios denunciaron que durante el operativo del día 14 se utilizaron gases lacrimógenos vencidos.[108]

打擊販毒

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En septiembre de 2017 se reglamentó la ley de cannabis medicinal que autoriza a INTA y CONICET a plantar cannabis con fines de "investigación y medicinales".[115] El decreto reglamentario determina además que será el Ministerio de Seguridad el que disponga las habilitaciones de las plantaciones.[115] En febrero de 2019, se dispuso que la plantación estará a cargo de la empresa CANNAVA S.E., propiedad del estado jujeño.[116] La empresa funcionará en una finca estatal de 14Template:Esd000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo y será presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.[117]

Durante su gestión se firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones.[78] Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.[79] En 2018 el fiscal santafesino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico.[118]

Según declaraciones de Bullrich en noviembre de 2019 durante su gestión se incautaron 810 toneladas de marihuana, lo que implica un valor monetario de $51.000 millones.[119]

網絡安全

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A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.[120]

Durante su gestión se produjeron diversos hackeos en sitios web y redes sociales del gobierno, entre las que se encuentran la página de la Policía Federal,[121] el Twitter de Profectura Naval[122] y el de la propia Ministra.[123] El más grave de ellos ocurrió en agosto de 2019 cuando se filtraron cientos de documentos de la Policía Federal, incluyendo escuchas telefónicas, legajos y huellas digitales.[124]

性別和多元化政策

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Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de rescates disminuyó a 666 en 2016 y a 516 en 2017.[70]

Cartel en Plaza de Mayo, manifestándose en contra del protocolo antipiquetes.

A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT". Este documento crea el marco reglamentario para la actuación de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.[125] Desde la Federación Argentina LGBT manifestaron su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio.[126] En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.[127]

購買武器

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En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes.[128] La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.[129]

En julio de 2019 se anunció la compra de 100 pistolas taser para ser utilizadas por los efectivos de las Policías Federal y Aeroportuaria en terminales ferroviarias y aéreas a partir de septiembre de ese año.[130][131]

薩賓娜·弗雷德里克時期

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El 6 de diciembre de 2019 se anunció que Sabina Frederic sería la ministra de seguridad del gobierno de Alberto Fernández, cargo que asumió el 10 de diciembre. [132]

El 24 de diciembre, la ministra Frederic publica la resolución 1231/19 que da marcha atrás con diversas medidas adoptadas por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich. En primer lugar, derogó los protocolos de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en casos de delitos graves y persecuciones, a la vez que creó un consejo de profesionales para crear un reglamento sobre el uso de las pistolas taser. También se dio de baja el Programa Ofensores en Trenes, que habilitaba a las fuerzas federales a solicitar el documento nacional de identidad en las terminales de trenes para verificar antecedentes. Por último canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa para formar jóvenes que ni estudian ni trabajan dictado por Gendarmería Nacional, con el objeto de convertirlo en un programa en el ámbito deportivo.[133][134]

Ese mismo día, en una entrevista a Radio Metro, la ministra Frederic se manifestó a favor de la despenalización de la marihuana, al afirmar que «hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate».[135] Durante la campaña, el actual presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la iniciativa.[136] Frederic también se ha mostrado a favor de operaciones de inteligencia de fuentes abiertas para 「detectar el humor social」, lo que le valió críticas de la oposición y organizaciones sociales.[137][138][139]

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  126. ^ Un protocolo para reprimir a la comunidad LGBT. 30 de octubre de 2017.  已忽略未知參數|publicación= (幫助);
  127. ^ "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTIQ. 31 de octubre de 2017.  已忽略未知參數|editorial=（建議使用|publisher=） (幫助); 已忽略未知參數|publicación= (幫助);
  128. ^ Cuestionan a Patricia por la compra de 4 lanchas israelíes por casi u$s 50 millones. 6 de febrero de 2017.  已忽略未知參數|editorial=（建議使用|publisher=） (幫助); 已忽略未知參數|agencia= (幫助);
  129. ^ El costoso negociado de Bullrich con Israel y la sospechosa compra de armamento. 7 de febrero de 2017.  已忽略未知參數|nombre1= (幫助); 已忽略未知參數|apellidos1= (幫助); 已忽略未知參數|agencia= (幫助);
  130. ^ Bullrich compró las primeras 100 Taser: estarán operativas desde septiembre y "no" se usarán en manifestaciones.  已忽略未知參數|sitioweb= (幫助); 已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助)
  131. ^ Bullrich confirmó que las pistolas Taser se usarán a partir de septiembre.  已忽略未知參數|sitioweb= (幫助); 已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助)
  132. ^ Sabina Frederic será la nueva ministra de Seguridad.  已忽略未知參數|sitioweb= (幫助); 已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助)
  133. ^ El Ministerio de Seguridad derogó normativas sobre el uso de armas por parte de las fuerzas federales. Infobae.com. 24 de diciembre de 2019. 
  134. ^ Giro en Seguridad: el Gobierno derogará el protocolo de uso de armas de fuego y el control de DNI en trenes. Diario La Nación. 16 de diciembre de 2019. 
  135. ^ Berni propuso despenalizar todas las drogas y Frederic dijo que lo analiza, pero solo para cannabis. Diario La Nación. 24 de diciembre de 2019. 
  136. ^ Alberto Fernández opinó sobre la despenalización de la marihuana: "La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro". Infobae.com. 18 de junio de 2019. 
  137. ^ Sabina Frederic reveló que las fuerzas de seguridad realizan "ciberpatrullajes" en las redes sociales para medir el humor social. 8 de abril de 2020.  已忽略未知參數|nombre1= (幫助); 已忽略未知參數|apellidos1= (幫助); 已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助); 已忽略未知參數|agencia= (幫助);
  138. ^ Frederic habló de "ciberpatrullaje para medir humor social" y desató otra polémica. 8 de abril de 2020.  已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助); 已忽略未知參數|agencia= (幫助);
  139. ^ Sabina Frederic dio marcha atrás y reconoció que su frase sobre el ciberpatrullaje en redes fue poco feliz. 9 de abril de 2020.  已忽略未知參數|fechaacceso=（建議使用|access-date=） (幫助); 已忽略未知參數|agencia= (幫助);
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